Colombia está a punto de dar un salto normativo histórico. El proyecto de ley que regula la inteligencia artificial —en discusión en el Congreso de la República— pretende establecer por primera vez reglas claras para el desarrollo, la implementación y el uso de sistemas de IA en el territorio nacional. La iniciativa ha generado un intenso debate entre la industria tecnológica, los defensores de derechos digitales y el Gobierno.
Los tres pilares del proyecto
La propuesta legislativa se estructura alrededor de tres ejes. El primero es el enfoque basado en riesgo: los sistemas de IA se clasificarían en niveles según su potencial impacto sobre derechos fundamentales, y a mayor riesgo, mayores obligaciones. El segundo es la transparencia: las empresas deberían informar cuándo un sistema de IA interactúa con personas o genera contenido. El tercero es la supervisión humana: las decisiones automatizadas con efectos jurídicos relevantes requerirían revisión de una persona responsable.
«El objetivo no es frenar la innovación, sino garantizar que la tecnología se desarrolle con respeto por los derechos de las personas», señala el documento de exposición de motivos.
Qué cambia para las empresas
Para el sector privado, las implicaciones son concretas. Las compañías que desarrollen sistemas de alto riesgo deberían implementar evaluaciones de impacto antes de su lanzamiento, mantener registros de datos de entrenamiento y designar una persona responsable del cumplimiento. Las empresas que solo utilizan IA —por ejemplo, herramientas de generación de contenido o chatbots— tendrían obligaciones más livianas, pero igualmente deberían garantizar transparencia ante sus usuarios.
Los expertos consultados por Pulso Digital coinciden en que el proyecto sigue de cerca la lógica del reglamento europeo de IA, pero con un enfoque adaptado a la realidad colombiana: menor capacidad institucional, un tejido empresarial dominado por pymes y la necesidad de cerrar la brecha digital.
Los puntos en disputa
El debate se concentra en tres frentes. Primero, la definición de «alto riesgo»: el sector gremial teme que una definición amplia genere costos de cumplimiento desproporcionados. Segundo, la autoridad de supervisión: no está claro si la vigilancia recaerá en una entidad nueva o en las existentes como la Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero, el régimen sancionatorio: las multas propuestas, aunque significativas, generan dudas sobre su proporcionalidad frente a los ingresos de las pymes.
Qué sigue
El proyecto aún debe superar varios debates en comisiones y plenarias antes de convertirse en ley. Si se aprueba en los términos actuales, el país contaría con un periodo de transición para que las empresas se adapten. Mientras tanto, las organizaciones que ya usan IA harían bien en adelantarse: documentar sus sistemas, revisar sus políticas de datos y preparar los mecanismos de transparencia que la ley exigirá.
Fuentes consultadas
Congreso de la República de Colombia · MinTIC · Superintendencia de Industria y Comercio · informes de la Cámara de Comercio de Bogotá
